La Junta Monetaria aprobó la actualización del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, estableciendo un marco regulatorio moderno que fortalece de forma directa los derechos de la ciudadanía frente a las entidades supervisadas. Esta normativa abandona el modelo reactivo tradicional para adoptar un enfoque de supervisión preventiva y basada en riesgo de conducta de mercado, monitoreando la actuación institucional durante todo el ciclo de vida del producto.

Entre las novedades y garantías más destacables para la población se encuentran:

• Período de reflexión de 24 horas: Tienes garantizado un plazo mínimo de 24 horas para evaluar la información y condiciones de un producto o servicio antes de proceder a la firma del contrato.
• Protección integral en canales digitales: La banca en línea, las aplicaciones móviles y las plataformas fintech ahora cuentan exactamente con las mismas exigencias de protección que las sucursales físicas, limitando el uso de datos personales al consentimiento informado^[4].
• Más tiempo para reclamar ante la Superintendencia de Bancos: El plazo para elevar una reclamación ante la Superintendencia de Bancos (SB) —si la respuesta de la entidad no resulta satisfactoria— se amplía de 60 a 90 días calendario^[5].
• Prevención del sobreendeudamiento: Las entidades financieras están obligadas a evaluar objetivamente tu capacidad de pago real antes de concederte nuevos préstamos o aumentarte el límite crediticio^[4].
• Tolerancia cero a prácticas abusivas: Se sancionan y prohíben explícitamente los débitos a cuenta sin autorización previa, la publicidad engañosa y el cobro de comisiones por servicios promocionados como gratuitos sin haber advertido su vigencia temporal^[6].
• Nuevos derechos sobre tus datos y dinero: Puedes exigir en cualquier momento que te excluyan de bases de datos publicitarias (opt-out), así como solicitar la devolución proporcional de costos o comisiones pagadas por adelantado si cancelas un producto de forma anticipada^[3][9].